Más del 35% de la población en Argentina es pobre: la mitad son menores de 18 años. Aproximadamente 6 millones de pibes viven en situación de pobreza, la mitad de ellos pasa HAMBRE (CTA; Claudio Lozano).
En Argentina más de la mitad de los niños y adolescentes de zonas urbanas viven en hogares con problemas de habitabilidad como hacinamiento (20.5%); problemas de salubridad (14%); equipamiento insuficiente (7%).
El sistema educativo es marcadamente exclusivo: en Argentina hay 720 mil chicos que no van a la escuela y 730 mil que no saben leer ni escribir (Cippec; 2006). O bien nunca se incorpora a los niños a un establecimiento educativo, o son marginados en los primeros años, e incluso cuando logran permanecer en él no acceden a la construcción de conocimientos y habilidades que le permitan un buen desarrollo integral.
Pese a que la droga es uno de los mayores problemas que afectan a los jóvenes en nuestro país, no hay infraestructura estatal suficiente para el tratamiento de adicciones.
Además, debemos ser conscientes del contexto de violencia en el que se desenvuelven los niños pobres. Tanto en el seno familiar como en las villas, las calles y desde el Estado que, además de no garantizar sus derechos, a través de la policía, mata un pibe cada 28hs (CORREPI, 2010).
Redes delictivas. ¿Qué les ofrece este sistema a los pibes?
Directamente relacionadas con la exclusión sistemática de los chicos de los sistemas de educación, salud, vivienda, etc. encontramos un entramado de redes delictivas, perfectamente organizadas por el mundo adulto, que se presentan como posibles “salidas” para los pibes:
Desarmaderos, tráfico de drogas, tráfico de armas, negocio de robos y asaltos…
Son las fuerzas policiales, cómplices y motorizadoras de estas redes, las que incentivan u obligan a la comisión de delitos a los jóvenes que no tienen otras oportunidades. Es la policía que tanto se reclama en la calle para protegernos, la que más se beneficia de la pobreza y del fenómeno de la "inseguridad".
Y así como señalamos a la policía, señalamos a políticos, jueces, fiscales, y otros funcionarios públicos.
¡NINGÚN PIBE NACE CHORRO!
Existe, en la actualidad, la intención política de distintos y variados sectores políticos, incluyendo a los medios masivos de comunicación, de bajar la edad de imputabilidad como solución al problema de la "inseguridad", entendida exclusivamente a partir de los intereses específicos de esos sectores. Desde la Juventud Rebelde 20 de Diciembre, adoptamos una visión más amplia de la inseguridad, que contempla no sólo la afección a la propiedad privada de algunos, sino también la sistemática vulneración de derechos en general de gran parte de la población y en particular de los jóvenes, entendiendo que es éste el problema central en el cual debería estar el foco de atención. Desde esta perspectiva, el Estado aparece como principal responsable, tornando inadecuada y perjudicial una respuesta que penalice a los niños y jóvenes por hechos que son la consecuencia directa de políticas de Estado injustas, porque están destinadas a la protección de los sectores más acomodados y no garantizan las condiciones para una vida digna de TODA la población.
En este contexto de quiebre en el abastecimiento de derechos tan básicos como la educación y la salud pública crecen nuestros jóvenes desde el neoliberalismo más crudo en los '90. Estos déficits y vulneraciones de derechos degeneran en la merma de sus posibilidades de inserción social y cultural y consiguiente segregación laboral. Si se pierde de vista la responsabilidad concreta y primera del Estado de garantizar el cumplimiento de estos derechos básicos, se pierde la posibilidad de inserción y desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes para ejercer sus potencialidades y derechos en plenitud, se anula la posibilidad de que los chicos tengan perspectivas a futuro.
Rechazamos la criminalización de la pobreza y de los jóvenes, porque las grandes redes delictivas que usan a los pibes de mano de obra barata, están en manos del mundo adulto de altos ingresos, que es el principal interesado en que la pobreza y la “inseguridad” continúen como hasta ahora: porque ese es su negocio.
Diversas son las causas por medio de las cuales pretende justificarse este nuevo intento de bajar la edad de imputabilidad.
Algunos supuestos “progres” intentan convencernos de que en realidad se trata de una mejora en la situación de nuestros pibes, ya que estaríamos brindándoles las garantías del sistema penal. Creemos que se trata de un argumento totalmente erróneo, todos contamos con garantías por el sólo hecho de ser ciudadanos. Incluir a alguien en el sistema penal implica su estigmatización social, entre otros muchos problemas gravísimos. El sistema penal administra el poder punitivo, y estamos convencidos de que no es ese lugar desde donde debe salir la solución a los problemas de nuestra sociedad, y menos aún cuando se trata de su juventud.
Decimos NO a la baja de edad de imputabilidad…
*Porque condenarnos no reduce la inseguridad, somos el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales de adultos.
*Porque somos víctimas de políticas que nos excluyen dejándonos sin trabajo, educación, salud y vivienda digna.
*Porque rechazamos la criminalización de la pobreza y de los jóvenes; somos víctimas, no culpables.
*Porque no es a través del sistema penal que vamos a resolver esta problemática si no existe desde el Estado una profunda política de inserción hacia la juventud.
*Porque no somos lo que los grandes medios de comunicación dicen de nosotros, drogadictos o chorros, somos pibes y pibas que queremos vivir mejor, si nos dan la oportunidad.
*Porque en nuestra generación está la esperanza de una sociedad distinta, más justa e igualitaria.
Porque los jóvenes no somos peligrosos, estamos en peligro!
Porque queremos DERECHOS y NO castigos!
Jueves 10 de marzo, 14hs.
Audiencia pública en el Congreso de la Nación
Convoca: Espacio No a la Baja
